La consideración de la mujer en la Cabilia


La mujer siempre ha sido respetada en Cabilia. La asociación feminista Amzour organizó por ello unas puertas abiertas en el centro juvenil local para darse a conocer. Mujeres provenientes de varias regiones de Argelia organizaron varias conferencias. El ser humano es responsable del respeto hacia la otra mitad de la población, no sólo en Cabilia, y dichas conferencias fueron una forma de expresarlo. Hubo nada menos que 4 conferencias impartidas por mujeres cuyos temas trataron sobre como sacar a la mujer de su área, la importancia del movimiento de asociación de las mujeres e incluso su capacidad de hacerse cargo de sí misma; temas desarrollados por las comunicadoras, relacionados todos ellos con las condiciones de vida de las mujeres.

Hubo también una exposición de cerámica tradicional, de costura, productos de la mujer rural y pasteles tradicionales, además de dichas conferencias. A pesar de que las costumbres comienzan a suavizarse a nivel de la localidad rural de Ait-Smail, la mujer no obstante sigue permaneciendo un poco apartada. No obstante, este grupo de mujeres jóvenes ha decidido cambiar las cosas.

Amaynut

Fuente: Tamurt

[Fundación Sur]


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Kenia busca agua bajo sus pies


Las chispeantes olas de mar que cubren millas y millas de arena a lo largo de la playa de Diani han hecho de este rincón del sureste de Kenia una de las principales atracciones turísticas del país. Sin embargo, pocos visitantes sabrán que toda el agua que sale por sus grifos proviene de pozos perforados sobre acuíferos y embalses subterráneos de agua dulce que también utilizan los residentes, las empresas y el sector de la agricultura.

"El agua de este pozo significa vida", opina Mary Wanjiru, encargada del Rongai Roasting House, un restaurante en la cercana ciudad de Ukunda, a unos 30 kilómetros al sur de Mombasa. "Sin ella, la vida sería totalmente insoportable en esta ciudad dado que no hay ríos permanentes ni manantiales de agua dulce".

Hasta hace poco, los usuarios del agua —y los expertos— apenas tenían conocimientos sobre lo sostenible que puede ser el suministro de agua, un particular del que preocuparse ya que el cambio climático conlleva el empeoramiento de las sequías.

"El problema es generalizado en África, donde poco se entiende sobre el suministro de agua subterránea", explica Daniel Olago, profesor de Geología en la Universidad de Nairobi. Incluso escasea información básica como la cantidad de agua que contienen los acuíferos, cómo se abastecen gracias a las recargas o cómo responden según las diferentes condiciones climáticas. "No sabemos lo que tenemos porque no hemos hecho estudios adecuados sobre aguas subterráneas".

Pero en los últimos dos años esta situación de desconocimiento ha comenzado a cambiar. Científicos de la Universidad de Nairobi, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Oxford y la Universidad Jomo Kenyatta de Agricultura y Tecnología han estado estudiando las reservas hídricas de la región de Kwale y, en concreto, el acuífero Msambweni, que suministra a Ukunda y a otras ciudades. Esta investigación ha permitido determinar el tamaño del acuífero y su profundidad, así como la composición geoquímica de su agua.

El equipo ha creado un programa informático que señala los riesgos relacionados con la calidad y la cantidad de este recurso, así como la demanda existente y las condiciones socioeconómicas de la zona. A continuación, pueden modelar proyecciones para diferentes escenarios basadas en aspectos como el clima o la cantidad de agua que se extrae. "La falta de información adecuada es un problema común en todo el país ", indica Olago, que ha sido uno de los principales investigadores de este estudio, titulado Unlocking the Potential of Groundwater for the poor [Desbloquear el potencial del agua subterránea para el pobre].

"Necesitamos saber qué cantidad de agua está recargando los acuíferos a través de la lluvia y las infiltraciones, cuánta de esta es almacenada y, por lo tanto, cuánta se puede utilizar de forma sostenible", enumera el geólogo. Los hallazgos obtenidos también permiten saber si estas reservas hídricas son adecuadas para el consumo humano (tal y como demostró el estudio) o si era preferible usarla para la industria o el riego.

Gestionar mejor para evitar la escasez

Dos de los mayores usuarios de agua en Kwale son la compañía minera Base Titanium y la empresa azucarera Kwale International, que irriga 8.000 hectáreas de caña de azúcar. Ambas tienen presas y están construyendo más, y ambas recurren a las reservas del acuífero de Msambweni en tiempos de escasez de lluvia. Ahora, el estudio ha mostrado que su uso no ha tenido un gran impacto en los niveles de agua subterránea. "Los científicos trabajaron estrechamente con las dos compañías dado que ya poseían un amplio conocimiento del agua subterránea de Kwale", explica Calvince Wara, gerente de operaciones de investigación de Rural Focus, una consultora local de agua que participa en el estudio.

Wara asegura que una vez que el sistema se controle bien, será posible identificar la mejor manera de utilizar los recursos hídricos de forma sostenible. Actualmente, el Gobierno se limita a emitir licencias de perforación para empresas que los solicitan pero, por lo general, ignora el tamaño del acuífero, su tasa de reposición o su respuesta a los fenómenos climáticos, todos ellos indicadores clave de cuánto tiempo puede durar el agua, explica la experta.

Un programa informático señala los riesgos relacionados con la calidad y la cantidad de agua

La herramienta desarrollada proporciona esas respuestas y puede permitir al Gobierno comprender mejor el impacto que supondría emitir nuevas licencias. "Con ella, se puede saber fácilmente cuándo los niveles están bajando y así será más fácil controlar la cantidad que se puede extraer para su uso industrial", indica.

Ahmed Mbarak, de la Autoridad de Recursos Hídricos en Mombasa, opina que la nueva información sería útil para su oficina. "Con las condiciones climáticas cambiantes que tenemos hoy en día, tal información sería un recurso de oro, ya que complementaría algunos de los datos que ya tenemos", cuenta por teléfono. Podría "ayudarnos a afinar nuestras reglas que rigen la concesión de licencias para la extracción de agua subterránea", dijo.

Un plan para todo el país

Olago, de la Universidad de Nairobi, cree que la herramienta desarrollada puede ser útil en otros lugares del país también y sobre todo en la capital, Nairobi, que lucha por satisfacer la demanda de agua de sus ciudadanos. La principal fuente de Nairobi es la presa Ndakaini, que se encuentra a unos 50 kilómetros al norte de la capital. Suministra alrededor del 85% de los 500 millones de litros que la ciudad usa todos los días. La demanda, sin embargo, es de alrededor de 700 millones de litros.

El nivel de la presa ha disminuido considerablemente y, a pesar de las fuertes lluvias recientes, el Gobierno asegura que el racionamiento en la capital continuará hasta 2026. Como resultado, los hogares y las empresas están excavando más pozos. Mike Lane, un hidrólogo de Rural Focus, afirma que los pozos de la década de los ochenta de Nairobi fueron perforados a una profundidad de 80 metros. Hoy, necesitan bajar 400 metros. "Estamos persiguiendo el agua, y eso no es sostenible", opina sobre un fenómeno que se está produciendo en otras zonas del país, según Lane. El nivel freático se ha retirado tanto en el área de cultivo de flores de Naivasha, a 100 kilómetros al noroeste de la capital, y en Nanyuki, a unos 160 kilómetros al norte de Nairobi.

Mientras tanto, el estudio también ha revelado un riesgo clave para el acuífero de Msambweni, advierte Wara. Si se extrae demasiada agua dulce, el agua salada de los mismos mares brillantes que atraen a los turistas a Diani podría filtrarse y lo destruirían. "Por lo tanto, es absolutamente primordial que sean protegidos".

Isaiah Esipisu y Robert Carmichael pertenecen a la Fundación Thomson Reuters.

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La doctora de las ciudades

Cadáveres amontonados en la playa. Pueblos enteros destruidos o enterrados bajo el fango. Millones de desplazados. Y el mar escupiendo más cuerpos cada vez que baja la marea. La instantánea que dejó el paso del tsunami de 2004 en el sureste asiático es apocalíptica. Los daños materiales causados por una de las catástrofes naturales más terribles de la historia contemporánea se cifra en unos 14.000 millones de dólares; los personales son incalculables. Más de 200.000 personas fallecieron y dos millones y medio lo perdieron todo. La reconstrucción precisó ayuda internacional y un enorme despliegue de trabajadores y voluntarios que dedicaran alma y cuerpo a recomponer las comunidades rotas.


Jo da Silva fue una de ellos. Ingeniera y trotamundos, desde 1994 está en primera línea reconstruyendo localidades arrasadas por calamidades e impulsando el desarrollo sostenible de las urbes. La experiencia en el sureste asiático tras el tsunami fue la que más la marcó, confiesa esta británica sin poder esconder la conmoción. "Trabajar en escenarios pos-catástrofe te enseña a ser humilde, y yo me considero afortunada por la carrera que elegí", asegura. Ferviente creyente de que las empresas privadas deben perseguir objetivos sociales como motor principal de su actividad, da Silva lleva casi 30 años trabajando en Arup, una firma internacional de ingeniería, planificación y gestión de proyectos, al frente de la división de desarrollo internacional. "Pero tres veces lo he dejado para ir a trabajar en escenarios pos-catástrofe, la primera vez en el genocidio de Ruanda", agrega.

“Algunas compañías ven África como un mercado muy grande, un lugar donde hay un montón de potenciales compradores”, cita a manera de ejemplo, “pero nuestra visión es que es un continente con necesidades inmensas (…), y si podemos hacer una contribución que pueda crear desarrollo es un win-win: un negocio para nosotros y una oportunidad para ellos”. Considera que el mundo necesita más ingenieros. E ingenieras: "Estuve en una charla el año pasado con estudiantes del último año de bachiller donde casi todos querían estudiar ciencias. Al final una chica se me acercó y me dijo: iba a ser médico, como mi padre, pero ahora quiero estudiar ingeniería porque me he dado cuenta de que los ingenieros son los doctores de toda la sociedad. Y el mundo está enfermo’".

La joven tenía razón. Las ciudades son ecosistemas extremadamente frágiles y el medio ambiente agoniza. El efecto devastador de terremotos, tsunamis o erupciones volcánicas se multiplica en las urbes, a la vez las principales víctimas y responsables del cambio climático. El crecimiento esquizofrénico de los núcleos urbanos en países en desarrollo y la falta de una regulación estricta no permiten asimismo planificar como debido la ampliación de ciudades que se convierten en trampas mortales para sus habitantes y en potenciales generadores de miseria: para 2030, unos 3.000 millones de personas (un 40% de la población mundial) necesitarán tener acceso a viviendas, infraestructuras y servicios básicos, pero los recursos y los reglamentaciones no son adecuadas ni suficientes en muchos lugares del planeta para garantizar un crecimiento sostenible, según la ONU. 

Jo da Silva (derecha) en la puesta en marcha del programa para escuelas más seguras en 2017.
Jo da Silva (derecha) en la puesta en marcha del programa para escuelas más seguras en 2017. ARUP

En los últimos años, Da Silva ha viajado a casi todos los puntos calientes del globo: colaboró en proyectos humanitarios en Ruanda tras el genocidio de 1994, trabajó en Sri Lanka después del maremoto que asoló el país a finales de 2004 y participó en la reconstrucción de Haití tras el seísmo de 2010 y en la de Nepal en 2015; además lidera un proyecto impulsado por el Banco Mundial para construir escuelas más seguras en África, ha dirigido la elaboración de un índice de resilencia de las ciudades —una palabra que se refiere a la capacidad de resistir y superar eventos traumáticos y que en su traducción al español, dice, no tiene la misma fuerza que en inglés— y trabajó en la creación de una metodología para analizar la seguridad de los edificios donde se fabrican prendas en Bangladés tras el derrumbe del Rana Plaza en 2013 que se cobró la vida de más de 1.100 trabajadores. 

Da Silva explica en la luminosa terraza de la sede española de la compañía en el centro de Madrid que su departamento “trabaja exclusivamente con organizaciones que están comprometidas a reducir la vulnerabilidad”. Esta británica descubrió desde niña que le encantaba “construir cosas”. Empezó cortando y ensamblando la ropa que compraba en tiendas de segunda mano y acabó diseñando escuelas, campos de refugiados o aeropuertos a lo largo y ancho del globo. “Hacer puentes y vestidos es lo mismo: es material, diseño, geometría…”, enumera. Al terminar la carrera un viaje a India le dejó claro qué rumbo tomaría su vida. El conductor que la llevaba de un sitio a otro durante el año que vivió en el país le dijo que se volviera a Reino Unido. "Me sentó un poco mal", confiesa. Pero luego añadió que tenía que volver a casa para adquirir los conocimientos necesarios para regresar y ser útil de verdad. "Nunca lo había pensado antes, pero creo que ese fue el inicio de todo… la vida es lo que te ocurre mientras estás planeando hacer otras cosas".

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Enfermedades de la pobreza


Cuando el pasado 8 de mayo la República Democrática del Congo declaró oficialmente un nuevo brote de ébola, un escalofrío recorrió los sistemas de alerta sanitaria de medio mundo. Hace solo dos años que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaraba cerrada la epidemia más devastadora de esta enfermedad hasta la fecha, con cerca de 30.000 infectados, 11.323 muertos y una decena de países afectados de forma directa. Liberia, Sierra Leona y Guinea Conakry sufrieron especialmente, pero el planeta entero se puso en guardia ante una epidemia de connotaciones medievales para la que sencillamente no estábamos preparados y para la que aún hoy no existe tratamiento eficaz.

El ébola nos recuerda una obviedad: que las enfermedades infecciosas no tienen fronteras. Pero también nos enfrenta al hecho de que algunas de ellas –las que interesan de manera particular a las sociedades más ricas– han recibido mucha más atención que otras. Esta desproporción atávica fue uno de los puntos de partida de la agenda de los Objetivos del Milenio (ODM), que a lo largo de una década y media consiguieron reducir a la mitad la mortalidad materno-infantil, desplomar en un 40% las nuevas infecciones por VIH o salvar la vida de 6,2 millones de niños víctimas de la malaria.

La extraordinaria movilización de recursos económicos, políticos e institucionales que está en la base de los ODM incluía un componente esencial: la investigación, innovación y desarrollo (I+D+i) como respuesta a los problemas para los que no tenemos aún solución. A lo largo de las dos últimas décadas, la comunidad internacional ha sido testigo del nacimiento de nuevos modelos de generación y financiación de conocimiento al servicio del interés público. En el campo de la salud, en particular, han proliferado nuevas formas de asociación público-privada, programas pioneros de intervención, tratamientos y tecnologías que han salvado y mejorado la vida de decenas de millones.

En cada una de estas innovaciones, los países y organizaciones participantes han podido experimentar que lo correcto es también lo más inteligente. Para el Reino Unido, España, Francia, Alemania y muchos otros, las inversiones en programas de I+D+i para el desarrollo no solo ayudaron a resolver problemas ajenos, sino también a consolidar sectores estratégicos de sus propias economías. Un análisis realizado por el Instituto de Salud Global de Barcelona acerca de la inversión española en enfermedades olvidadas muestra el potencial de esta estrategia: entre 2007 y 2010, España fue uno de los 12 donantes más importantes del planeta, con 50 millones de euros destinados a organizaciones como el Fondo Mundial contra el Sida, la Malaria y la Tuberculosis. Este esfuerzo se vio recompensado en forma de inversiones competitivas atraídas por grupos de investigación españoles, prestigio e influencia internacionales, y empuje a la transformación y diversificación de nuestra economía.

Diez años después, todo aquello parece parte de un buen sueño. La crisis financiera y los recortes presupuestarios han mermado nuestra ciencia y cooperación, desconectando a España de una realidad que había contribuido a construir con visión y talento.

La pregunta es si este camino puede ser retomado.

Hace un año, España, junto al resto de países del G20, aprobó la llamada Declaración de Berlín, que enfatiza la necesidad de incrementar los esfuerzos de inversión y cooperación en I+D+i a fin de asegurar la accesibilidad de medicamentos, diagnósticos, vacunas y demás tratamientos médicos a todas las personas. Igualmente, los líderes del G20 acordaron la resolución Dando forma a un mundo interconectado, que destaca la necesidad de hacer frente al desafío de la resistencia microbiana invirtiendo en mejores herramientas médicas contra patógenos particularmente afectados como la tuberculosis. Ambas declaraciones reconocen el papel clave de la I+D+i biomédica para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en general, y para erradicar las enfermedades vinculadas a la pobreza tales como el Sida, la malaria, la tuberculosis o las enfermedades tropicales desatendidas.

La crisis financiera y los recortes presupuestarios han mermado nuestra ciencia y cooperación, desconectando a España de una realidad que había contribuido a construir con visión y talento

Hoy, España y el resto de la Unión Europea tienen la oportunidad de pasar de la retórica a la acción. Las negociaciones del nuevo Marco Financiero Plurianual y del futuro programa marco de investigación Horizonte Europa abren una ventana para consolidar nuestro liderazgo en el campo de la salud y el bienestar. Un liderazgo más crucial que nunca cuando otros actores internacionales se están retirando de estos campos. Para ello, es esencial que el presupuesto de Horizonte Europa sea acorde a la magnitud de su tarea y, tal y como recomienda el grupo de alto nivel de la Comisión Europea presidido por Pascal Lamy, alcance como mínimo los 120.000 millones de euros. También es imprescindible aumentar la contribución anual de la UE a la I+D+i en enfermedades vinculadas a la pobreza y seguir apoyando las herramientas que permiten utilizar mejor estos recursos, por ejemplo, la Asociación de ensayos clínicos entre países europeos y países en vías de desarrollo (EDCTP, por su acrónimo en inglés) cuyo objetivo es acelerar el desarrollo de medicamentos, vacunas, microbicidas y diagnósticos para enfermedades desatendidas y vinculadas a la pobreza.

Todo este esfuerzo debe ser desplegado dentro de una Estrategia Europea en Salud Global que permita alinear y coordinar los esfuerzos de la Unión y sus Estados miembros con los del resto de países del mundo, y con la consecución de los ODS. Para ello se debe garantizar que la inversión pública en I+D+i se traduce en soluciones públicas. Dicho de otro modo, introducir criterios estrictos que aseguren el acceso a los datos de investigaciones y la sostenibilidad y asequibilidad de los productos y tecnologías derivadas de inversiones públicas.

Solo cabe esperar que el mundo no tenga que enfrentarse nunca más a una epidemia como la que asoló África occidental entre 2014 y 2016. Pero, si eso llegase a ocurrir, Europa debe poder decir con orgullo que nuestros recursos y nuestra inteligencia estuvieron siempre en el lado correcto de esta batalla. Los próximos meses demostrarán si esto es cierto.

Beatriz Becerra es eurodiputada del grupo liberal europeo (ALDE). Vicepresidenta de la Subcomisión de derechos humanos y miembro de la Comisión de Desarrollo.

Elena Valenciano es eurodiputada y vicepresidenta del grupo socialista europeo (S&D). Miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores y subcomisión de derechos humanos.

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La doctora de las ciudades


Cadáveres amontonados en la playa. Pueblos enteros destruidos o enterrados bajo el fango. Millones de desplazados. Y el mar escupiendo más cuerpos cada vez que baja la marea. La instantánea que dejó el paso del tsunami de 2004 en el sureste asiático es apocalíptica. Los daños materiales causados por una de las catástrofes naturales más terribles de la historia contemporánea se cifra en unos 14.000 millones de dólares; los personales son incalculables. Más de 200.000 personas fallecieron y dos millones y medio lo perdieron todo. La reconstrucción precisó ayuda internacional y un enorme despliegue de trabajadores y voluntarios que dedicaran alma y cuerpo a recomponer las comunidades rotas.

Jo da Silva fue una de ellos. Ingeniera y trotamundos, desde 1994 está en primera línea reconstruyendo localidades arrasadas por calamidades e impulsando el desarrollo sostenible de las urbes. La experiencia en el sureste asiático tras el tsunami fue la que más la marcó, confiesa esta británica sin poder esconder la conmoción. “Trabajar en escenarios pos-catástrofe te enseña a ser humilde, y yo me considero afortunada por la carrera que elegí”, asegura. Ferviente creyente de que las empresas privadas deben perseguir objetivos sociales como motor principal de su actividad, da Silva lleva casi 30 años trabajando en Arup, una firma internacional de ingeniería, planificación y gestión de proyectos, al frente de la división de desarrollo internacional. “Pero tres veces lo he dejado para ir a trabajar en escenarios pos-catástrofe, la primera vez en el genocidio de Ruanda”, agrega.

“Algunas compañías ven África como un mercado muy grande, un lugar donde hay un montón de potenciales compradores”, cita a manera de ejemplo, “pero nuestra visión es que es un continente con necesidades inmensas (…), y si podemos hacer una contribución que pueda crear desarrollo es un win-win: un negocio para nosotros y una oportunidad para ellos”. Considera que el mundo necesita más ingenieros. E ingenieras: “Estuve en una charla el año pasado con estudiantes del último año de bachiller donde casi todos querían estudiar ciencias. Al final una chica se me acercó y me dijo: iba a ser médico, como mi padre, pero ahora quiero estudiar ingeniería porque me he dado cuenta de que los ingenieros son los doctores de toda la sociedad. Y el mundo está enfermo'”.

La joven tenía razón. Las ciudades son ecosistemas extremadamente frágiles y el medio ambiente agoniza. El efecto devastador de terremotos, tsunamis o erupciones volcánicas se multiplica en las urbes, a la vez las principales víctimas y responsables del cambio climático. El crecimiento esquizofrénico de los núcleos urbanos en países en desarrollo y la falta de una regulación estricta no permiten asimismo planificar como debido la ampliación de ciudades que se convierten en trampas mortales para sus habitantes y en potenciales generadores de miseria: para 2030, unos 3.000 millones de personas (un 40% de la población mundial) necesitarán tener acceso a viviendas, infraestructuras y servicios básicos, pero los recursos y los reglamentaciones no son adecuadas ni suficientes en muchos lugares del planeta para garantizar un crecimiento sostenible, según la ONU. 

Jo da Silva (derecha) en la puesta en marcha del programa para escuelas más seguras en 2017.


Jo da Silva (derecha) en la puesta en marcha del programa para escuelas más seguras en 2017. ARUP

En los últimos años, Da Silva ha viajado a casi todos los puntos calientes del globo: colaboró en proyectos humanitarios en Ruanda tras el genocidio de 1994, trabajó en Sri Lanka después del maremoto que asoló el país a finales de 2004 y participó en la reconstrucción de Haití tras el seísmo de 2010 y en la de Nepal en 2015; además lidera un proyecto impulsado por el Banco Mundial para construir escuelas más seguras en África, ha dirigido la elaboración de un índice de resilencia de las ciudades —una palabra que se refiere a la capacidad de resistir y superar eventos traumáticos y que en su traducción al español, dice, no tiene la misma fuerza que en inglés— y trabajó en la creación de una metodología para analizar la seguridad de los edificios donde se fabrican prendas en Bangladés tras el derrumbe del Rana Plaza en 2013 que se cobró la vida de más de 1.100 trabajadores. 

Da Silva explica en la luminosa terraza de la sede española de la compañía en el centro de Madrid que su departamento “trabaja exclusivamente con organizaciones que están comprometidas a reducir la vulnerabilidad”. Esta británica descubrió desde niña que le encantaba “construir cosas”. Empezó cortando y ensamblando la ropa que compraba en tiendas de segunda mano y acabó diseñando escuelas, campos de refugiados o aeropuertos a lo largo y ancho del globo. “Hacer puentes y vestidos es lo mismo: es material, diseño, geometría…”, enumera. Al terminar la carrera un viaje a India le dejó claro qué rumbo tomaría su vida. El conductor que la llevaba de un sitio a otro durante el año que vivió en el país le dijo que se volviera a Reino Unido. “Me sentó un poco mal”, confiesa. Pero luego añadió que tenía que volver a casa para adquirir los conocimientos necesarios para regresar y ser útil de verdad. “Nunca lo había pensado antes, pero creo que ese fue el inicio de todo… la vida es lo que te ocurre mientras estás planeando hacer otras cosas”.

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¡Pasemos a la acción para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible!


Un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de hacer lo mismo. Con esta definición del desarrollo sostenible, el informe Nuestro futuro común de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Naciones Unidas evidenciaba, ya en 1987, la necesidad de cambiar los modelos de producción y consumo para hacerlo posible. Pues bien, treinta años más tarde la Agenda 2030 desgrana en 17 ODS el programa que la comunidad internacional se propone ejecutar en el periodo 2016-2030, para favorecer el desarrollo sostenible y “no dejar a nadie atrás”.

Precisamente el pasado 18 de julio, en el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible  celebrado en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, nuestro país se sometió a un examen voluntario para valorar nuestros avances en la consecución de los ODS. Un acto de compromiso que fue liderado por Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores; Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, y Cristina Gallach, alta comisionada para la Agenda 2030 del Gobierno de España y exsecretaria general adjunta de Comunicaciones e Información Pública de Naciones Unidas.

Un plan de acción necesario

Han transcurrido casi tres años desde la aprobación de los ODS, en septiembre del 2015; tiempo suficiente para conocerlos en profundidad, comprender que son el mejor programa para el futuro de toda la humanidad y al mismo tiempo un reto muy exigente para todos: gobiernos, empresas, sociedad civil y ciudadanos, que como consumidores y votantes podemos desarrollar una fuerza decisiva para conseguirlos.

Ahora es el momento de actuar y por ello se agradece que el Gobierno español haya presentado ante Naciones Unidas un plan de acción, del cual quiero destacar las nueve medidas transformadoras. Tal como reza el texto presentado, “la denominación de medidas transformadoras pretende reflejar que son acciones e iniciativas políticas que pueden tomarse de forma prácticamente inmediata”.

Han transcurrido casi tres años desde la aprobación de los ODS, en septiembre del 2015; tiempo suficiente para conocerlos en profundidad, comprender que son el mejor programa para el futuro de toda la humanidad

Desde la perspectiva de las empresas, de todas ellas cobran especial significado las siguientes:

La medida II: Impulsar las alianzas para los ODS entre todos los actores. Estamos convencidos de que la consecución de los ODS sólo será posible con la implicación de las empresas y de todos los agentes sociales. Por ello creo que el gobierno acertó al incluir en la representación española organizaciones del sector privado, entre ellas la Red Española del Pacto Mundial que, con más de 2000 empresas españolas firmantes, ha coordinado la participación del sector privado en la elaboración del informe que se presentó.

La medida IV: Informar para conocer. Un pacto para la comunicación de la agenda 2030. El gobierno se fija el objetivo de que el 100% de la ciudadanía española conozca la Agenda 2030 el año 2020. En mi opinión esta medida tiene una importancia capital, pues una ciudadanía informada será sin duda exigente, con los políticos y también con las empresas, para que alineen su actividad con los ODS.

La medida VIII: Alinear la compra pública con los ODS. Es una medida que recoge una de las peticiones del propio sector empresarial. Asimismo, se propone en una de las metas del ODS 12: promover prácticas de contratación pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales.

La medida IX: Establecer memoria preceptiva de impacto en los ODS en la actividad legislativa. Esta medida me parece altamente significativa por lo que supone de compromiso del gobierno con los ODS.

De la misma manera que una empresa demuestra su compromiso con los ODS cuando los asume en su estrategia de negocio, un gobierno comprometido con la Agenda 2030 debe contemplarla en el conjunto de su actividad. Por ello el compromiso de realizar una memoria preceptiva de impacto en ODS en todas las leyes que se propongan, envía un mensaje muy nítido al conjunto de la Administración del Estado y también a la sociedad, de que el Gobierno ha asumido el liderazgo que le corresponde a la hora de poner en práctica las medidas necesarias para alcanzar los ODS en nuestro país. Una buena noticia.

Tiempo para cosechar

Como nos enseña el Eclesiastés, hay un tiempo para todo. Y en relación a la Agenda 2030, ha llegado el tiempo de cosechar es decir, de actuar. El año 2018 debe ser el último dedicado preferentemente a plantar; está resultando un año útil para culminar las decisiones necesarias que permitan entrar en la fase de ejecución, que no podemos demorar. En nuestro país, la decisión de presentarse al examen propuesto por Naciones Unidas, y el plan de acción elaborado por el Gobierno son hitos que deben movilizar a todos los grupos de interés que apoyan la Agenda 2030. Además la Comisión Europea, con la publicación del plan de acción para la financiación sostenible, también ha contribuido a que el terreno esté abonado para empezar a cosechar.

El reto de los ODS es mayúsculo, pero sus frutos merecen el esfuerzo necesario para alcanzarlos. Pongámonos a ello.

Ángel Pes, Presidente de la Red Española de Pacto Mundial y Subdirector General de CaixaBank

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Congo supera el último brote de ébola con un balance de 33 muertos


Se acabó. Por ahora. La epidemia de ébola que se declaró el pasado mes de mayo en la República Democrática del Congo (RDC) ha terminado de manera oficial este martes después de que pasaran 42 días sin que se detectara ningún caso nuevo y con un balance final de 54 contagios, 38 de ellos confirmados, 33 muertos y 21 supervivientes. Pese a todo, las autoridades mantienen la vigilancia convencidas de que, más tarde o más temprano, un nuevo brote volverá a poner a prueba los sistemas de alerta, detección precoz y gestión frente a esta enfermedad.

La novena epidemia que sufre este país africano desde que se identificó el virus en 1976 comenzó siendo lo que los expertos denominan un “brote clásico” que surgió en una zona rural, en concreto en la zona de Bikoro en la provincia de Ecuador, pero que luego alcanzó la ciudad de Mbandaka. Sin embargo, la utilización por primera vez en el inicio de una epidemia de una vacuna que ya fue probada con éxito en Guinea y la rápida respuesta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la comunidad internacional han permitido controlar el brote en un tiempo razonable y que no se extendiera más allá de esta región.

El ministro de Sanidad del Gobierno congolés, Oly Ilunga, aseguró que “a pesar de que la amplitud de la crisis a la que nos hemos enfrentado no tenía precedentes, la rapidez y la eficacia de la respuesta puesta en marcha por el Gobierno y sus socios internacionales han sido excepcionales”. En total fueron vacunadas 3.300 personas, lo que permitió romper las cadenas de transmisión.

Por su parte, el director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, manifestó en un comunicado que “el brote ha sido contenido gracias a los incasables esfuerzos de los equipos locales, el apoyo de los socios, la generosidad de los donantes y el efectivo liderazgo del Ministerio de Sanidad”.

Luis Encinas, coordinador de Médicos sin Fronteras (MSF) para esta epidemia y experto de esta ONG para el ébola, también se muestra satisfecho aunque prudente. “Hemos conseguido cosas que hace solo un par de años eran inimaginables. En primer lugar, la vacunación ha tenido un impacto indudable en el control del brote y, por otra parte, la respuesta internacional y nacional ha sido contundente desde la declaración de la epidemia, con una buena coordinación”, manifestó.

Pese a ello, Encinas advierte de que no se puede bajar la guardia. “Sospechamos que el brote no se detectó desde un primer momento y eso nos preocupa. Ya estamos esperando otro ébola, es imprescindible mantener la vigilancia. Hemos aprendido que cada epidemia evoluciona de una manera diferente según sean las creencias y costumbres, según la realidad antropológica de la zona. Y la RDC es un país muy complejo, enorme y a la vez fragilizado, con una crisis médico-humanitaria al mes, donde es difícil tener un sistema epidemiológico fuerte a lo que se añade el bajo nivel de formación del personal”, apunta.

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La enfermedad del Pian: ¿Qué es y a quién afecta?

La enfermedad del Pian es una infección tropical de piel causada por treponemas, más precisamente por la bacteria Treponema pallidum pertenue. Esta enfermedad forma parte de las llamadas Enfermedades Tropicales Desatendidas (ETD), junto con, por ejemplo, la úlcera de Buruli y la lepra.

El Pian causa úlceras grandes y dolorosas que afectan a la piel, a los huesos y al cartílago, generalmente en los brazos y en las piernas. Esta enfermedad tropical desatendida es muy contagiosa y se encuentra en los países de pobreza extrema en las que las condiciones higiénicas y los servicios sanitarios son básicos. El Pian se encuentra en 14 países de las zonas de África Occidental, del Sudeste Asiático y del Pacífico, entre los que destacan el Golfo de Guinea, África Central, Indonesia y Papúa Nueva Guinea.

La inmensa mayoría de las personas que padecen esta enfermedad tropical desentendida (ETD) son niños y niñas menores de 15 años. La enfermedad de Pian suele producir desfiguraciones y discapacidades que producen un gran dolor y sufrimiento entre los jóvenes enfermos. Estos niños suelen ser aislados y no suelen poder ir al colegio ni jugar con otros niños.

Enfermedad del Pian

Este tipo de enfermedades no solo provoca secuelas emocionales en los niños y niñas, también tienen un gran impacto económico en las sociedades más necesitadas. Son muchas las familias que se gastan todos sus ahorros para poder acceder a una atención sanitaria básica. Es más, la mitad del mundo aún carece de una cobertura de servicios de salud básica.

Actualmente existe una pastilla llamada Azitromicina, que puede curar la enfermedad del Pian con una sola dosis oral. Uno de los objetivos para el año 2020 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es erradicar la enfermedad del Pian para el año 2020, y diversas organizaciones como la Fundación Anesvad trabajan para conseguir que la enfermedad del Pian sea la segunda enfermedad infecciosa humana en desaparecer. Luchemos entre todos para hacer desaparecer el Pian; logremos que los niños más desfavorecidos olviden qué es estar sufriendo por una enfermedad curable. Luchemos por el derecho a la salud de todos los niños en el mundo.

Esclavitud infantil en el sector tabaquero

– El tabaco que se vende en Estados Unidos, Europa y otros sitios del mundo contiene hojas producidas en arduas condiciones por niños.

– Los expertos afirman que los bajísimos salarios que se pagan a los trabajadores rurales en países como Malaui hacen que la esclavitud infantil sea inevitable.

Una investigación de The Guardian ha revelado que este tipo de esclavitud abunda en la industria tabacalera y está en aumento en países pobres, a pesar de que las empresas multimillonarias aseguren que están trabajando en el tema.

Pruebas encontradas en tres continentes demuestran que niños de 14 años y aún menores no van a la escuela y trabajan en condiciones de esclavitud y a veces incluso sufriendo daño físico para producir la hoja de tabaco que rellena los cigarros que luego se venden en Estados Unidos y Europa.

Las familias están atrapadas en círculos de pobreza generacional, mientras que los salarios en la cima de la industria ascienden a millones de dólares al año. Las empresas dicen que supervisan el “trabajo” infantil y que retiran a los niños de los campos para que vayan a la escuela, pero los expertos han dicho a The Guardian que el número de niños trabajando está aumentando, no disminuyendo, mientras crece el cultivo de tabaco en África y Asia.

Los niños sufren consecuencias de por vida: “Quería ser enfermera”, afirma una niña malauí de 14 años que se pasa el día en el campo bajo el sol abrasador, trabajando con una pesada azada.

Las familias creen que no tienen más opción que utilizar a sus hijos como mano de obra no remunerada. Muchos están endeudados con los dueños de la tierra y los arrendadores, y deben permanecer en los campos de una temporada a la otra, incapaces de romper el círculo de pobreza.

Las empresas tabacaleras aseguran que están haciendo todo lo posible por acabar con esta lacra.

Silva destaca que las empresas multinacionales tienen una responsabilidad directa por este escándalo. “La responsabilidad que tienen es doble: por un lado la responsabilidad por el trabajo infantil y por otro la de hacer que los niños trabajen manipulando un producto letal que acaba por afectarles”.

Silva dice que en 2011 había unos 1,3 millones de niños al año trabajando en los cultivos de tabaco, y que –según la Organización Internacional del Trabajo (OIT)– el número ha ido en aumento al trasladarse el cultivo de países en mejor situación económica a países más pobres. Entre 2000 y 2013, el cultivo de tabaco disminuyó en países como Brasil, Turquía y Estados Unidos –afirmó un informe de la OIT de febrero de 2017–, pero ha aumentado en otros, como Argentina, India y Zimbabue.

“Este cambio en la producción puede haber resultado en un aumento del trabajo infantil y en un mayor déficit de empleo decente en la producción de tabaco. Aunque no existe una estimación del número de niños trabajando en la industria tabacalera a nivel mundial, los sondeos indican que en las comunidades tabacaleras pobres, el trabajo (esclavitud) infantil está fuera de control”.

Los puntos negros

En Malaui: padres que trabajan en el cultivo del tabaco y viven en extrema pobreza no dejan que sus hijos asistan a la escuela para que ayuden en la cosecha de las hojas de tabaco. Algunas familias que viven en chozas de paja no reciben ningún pago durante 10 meses, hasta que la cosecha de tabaco se vende. Viven con un cubo de maíz a la semana que les dan los arrendadores y para reunir el dinero para molerlo deben trabajar además en otros campos, algo en lo que también participan los niños.

En México: The Guardian vio niños trabajando en siete de las diez plantaciones de tabaco que visitó en marzo en la región de Nayarit, a pesar de los avances que han hecho tanto la industria como el Gobierno para combatir el problema y asegurarse de que los niños vayan a la escuela.

En Indonesia: The Guardian visitó comunidades cultivadores de tabaco en Lombok y conversó con niños trabajadores, incluido un niño de 14 años que afirmó tener problemas respiratorios que su familia atribuye a su trabajo en los campos de tabaco.

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos elaboró una lista de 16 países donde suponen que hay niños trabajando en el cultivo de tabaco. Organizaciones de derechos humanos incluida Human Rights Watch han documentado el trabajo infantil en el cultivo de tabaco en Bangladesh, Kazajistán, Indonesia, Brasil y más recientemente en Zimbabue.

Los expertos afirman que los bajísimos salarios que se pagan a los trabajadores rurales en países como Malaui hacen que el trabajo infantil sea inevitable.

Las empresas tabacaleras BAT y JTI aseguran que es aceptable que niños de entre 13 y 15 años realicen en el campo tareas livianas siempre que no afecten a su salud ni su acceso a la educación. Sin embargo, los activistas dicen que no deberían estar en contacto con el tabaco hasta los 18 años.

El ingreso promedio de un trabajador rural en Kasunga, una de las mayores regiones tabacaleras de Malaui, es de 223.710 kwacha (unos 325 euros) por 10 meses de trabajo, según un estudio realizado en 2017 por el Centro por el Interés Social, una ONG de Malaui.

Se estima que cada kilo de tabaco rinde para 1.200 cigarrillos. El año pasado, los trabajadores rurales de Kasunga ganaron 200 kwacha (0,25 euros) por kilo una vez que se vendió la cosecha.

Los trabajadores rurales son el eslabón más pequeño de la cadena alimenticia tabacalera. Acceden a trabajar durante un año para un arrendador que tiene un contrato y tiene la tierra, sea ésta de su propiedad o alquilada. Ese contrato es con una de las grandes empresas que compran hoja de tabaco –Alliance One, Universal (que el Malaui es conocida como Limbe Leaf) o Japan Tobacco International (JTI).

Las empresas que compran la hoja de tabaco acuerdan comprarle a los arrendadores con quienes tienen contrato y a cambio proveen las semillas, los fertilizantes, los pesticidas y las herramientas. Estas empresas dicen que les aclaran que no deben trabajar niños. Alliance One aseguró que una de los “principales prioridades” es la eliminación del trabajo infantil y afirmó estar comprometida a luchar contra el trabajo infantil.

Las empresas que compran la hoja de tabaco cumplen órdenes de las productoras de cigarrillos: British American Tobacco, Philip Morris y Japan Tobacco.

Extracto

Fuente: https://www.eldiario.es/theguardian/Trabajo-explotacion-infantil-industria-tabacalera_0_786022171.html

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Divorcio en desventaja para las mujeres kenianas


Las divorciadas kenianas seguirán en desventaja en lo que respecta a los bienes gananciales. El Tribunal Supremo del país africano ha desestimado una petición que reclamaba que, en caso de que una pareja ponga fin a su matrimonio, sus propiedades se repartan a partes iguales.

Cuando la Federación de Mujeres Abogadas de Kenia presentó la petición en septiembre de 2016, su objetivo era la derogación de la sección séptima de la Ley de Régimen Económico Matrimonial. Esta norma dicta que, en caso de divorcio, las propiedades de la pareja se reparten de acuerdo con la contribución que haya hecho cada uno mientras duró el matrimonio. Las abogadas afirman que la ley contradice un artículo de la Constitución keniana, según el cual "ambos cónyuges tienen los mismos derechos en el momento de contraer matrimonio, mientras dure este y en caso de su disolución".

Sin embargo, el Tribunal Supremo replicó que el reparto al 50% que proponían las juristas daría lugar a posibles fraudes, al abrir la puerta a que la gente contrajese matrimonios de corta duración con el único objetivo de hacerse con la mitad de las propiedades del otro cónyuge. En consecuencia, el 14 de mayo el tribunal falló en contra de la petición. La Federación de Mujeres Abogadas afirma que recurrirá la decisión.

El mismo día de la sentencia, Josephine Mong’are, presidenta de la asociación, declaró que en su organización existe un gran temor a que el país retroceda de golpe a la época en la que las mujeres recibían un trato injusto sobre los bienes ganaciales. "Tal como está formulada actualmente, la Ley de Régimen Económico Matrimonial tiene sus limitaciones y en Kenia cada año sigue habiendo millones de mujeres que se ven obligadas a luchar por conservar sus propiedades tras el divorcio o la muerte de su esposo. Debemos salvaguardar los avances en favor de la mujer de la actual Constitución".

La sección séptima es una enmienda añadida a la Ley de Régimen Económico Matrimonial cuando esta se aprobó en 2013. En origen, la legislación garantizaba a las mujeres que, en caso de divorcio, los bienes se dividirían a partes iguales. La versión enmendada cambió el reparto de manera que correspondiese a la contribución de cada cónyuge, pero también hizo recaer la carga de la prueba sobre el hombre. En vez de ser la mujer la que tiene que demostrar que tiene derecho a un reparto igualitario, como establecía la normativa anterior a la ley actual, ahora es el hombre quien debe probar que le corresponde más de la mitad de las propiedades.

"La mayoría de las mujeres que se ven envueltas en [un litigio por la tierra] ni siquiera tiene la capacidad de presentar una demanda. Casi siempre se limitan a renunciar, aliviadas porque su matrimonio haya terminado, y lo único que quieren es seguir con su vida".

Pero los defensores de los derechos de las mujeres denuncian que el sistema actual perjudica gravemente a las mujeres kenianas, que ya se encuentran en importante desventaja con respecto a los hombres en lo que a propiedades se refiere. En los casos de litigio por la titularidad de un bien, los hombres suelen disponer de más recursos para respaldar su demanda de que son acreedores de todos o la mayor parte de los bienes. Por lo general, las mujeres no tienen tiempo ni dinero para luchar por sus derechos sobre las propiedades en un tribunal o, sencillamente, no saben cómo hacerlo.

Calcular la contribución de la mujer

Con la legislación actual, las mujeres tenemos difícil explicar lo que hicimos durante el matrimonio para demostrar lo que aportamos

En Kenia, un país en el que más del 60% de la población depende total o parcialmente de la agricultura para vivir, las mujeres representan el 80% de la mano de obra. Sin embargo, solamente el 1% de las propiedades registradas está a su nombre y alrededor del 6% al suyo y al de su marido.

Cuando pronunció su veredicto, el juez John Mativo señaló que la Ley de Régimen Económico Matrimonial establece compensaciones por la contribución no monetaria a la unidad familiar y que, por tanto, legalmente el reparto de las tierras y las propiedades de una pareja tiene en cuenta el trabajo no remunerado de la mujer, como el cuidado de la casa, la gestación y la crianza de los hijos, y el trabajo agrícola.

Sin embargo, los defensores de la petición de la Federación de Mujeres Abogadas denuncian que, normalmente, es difícil que las mujeres puedan cuantificar esa contribución, y que la mayoría nunca recibe una compensación adecuada por el trabajo no remunerado que han realizado a lo largo de su matrimonio.

"En la cultura keniana en particular, las mujeres siempre son las encargadas de los cuidados y las tareas domésticas no retribuidas, mientras que los maridos trabajan y adquieren propiedades", explica Evans Lagat, abogado del Tribunal Supremo del país africano. "En caso de divorcio o conflicto, corresponde a la mujer demostrar cuánto ha trabajado y contribuido, de manera que el tribunal pueda concederle una compensación financiera o del tipo que el juez decida".

Sin posibilidad de defenderse

Jane (nombre ficticio) contrajo matrimonio hace 11 años. Entonces trabajaba en un banco en Nairobi. Al quedarse embarazada, dejó su empleo para cuidar al bebé. Cuando llegó el segundo hijo de la pareja volvió a quedarse en casa, dependiendo totalmente de su marido para el mantenimiento de la familia mientras ella se dedicaba al cuidado de los niños y a las tareas domésticas.

Durante el embarazo de su tercer hijo, su marido empezó a maltratarla. "Llegaba a casa borracho y me pegaba sin ningún motivo. Muchas veces venía con una mujer y se acostaba con ella en nuestro dormitorio mientras yo dormía en el de los niños", recuerda.

Jane se fue de casa y su marido empezó los trámites legales para el divorcio. "Firmé el documento inmediatamente", cuenta. Luego su cuñada le dijo que tenía derecho a exigir su parte de los bienes matrimoniales. En 2015 recurrió a los tribunales con la esperanza de conseguir al menos una de las viviendas que su marido había comprado mientras estuvieron casados. El tribunal, sin embargo, solamente le concedió 50.000 chelines kenianos (420 dólares). Sin tierra ni propiedades, Jane se quedó sin sitio donde vivir con sus hijos.

Entonces se mudó a casa de su hermana y empezó a vender pescado. Más adelante se trasladó a una casa alquilada, una pequeña vivienda de chapa metálica en los suburbios de Mathare. Durante el divorcio, su marido aceptó contribuir al mantenimiento de los hijos, pero Jane dice que ya no le paga la pensión alimenticia. "No puedo llevarlo a juicio porque me ha advertido muchas veces que tiene buenos contactos y no me conviene causarle problemas", lamenta.

Tras más de una década de matrimonio, Jane se encuentra sin casa y con grandes dificultades para ganar lo necesario para sostener a su familia. Si la ley no cambia, no tiene posibilidades de defenderse. "Con la legislación keniana actual, las mujeres como yo tenemos difícil explicar lo que hicimos durante el matrimonio para demostrar lo que aportamos", denuncia. "Espero que algún día se escuchen nuestras quejas y se nos garantice un trato igualitario".

Este texto fue publicado originalmente en inglés en la página web de Newsdeeply en este enlace.

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